El ayuntamiento ha aprobado una ordenanza urbanística que habilita a más de 80 propietarios a obtener una licencia de primera ocupación siempre y cuando se aseguren los servicios básicos. Para ello, el municipio ha adoptado el Plan de Minimización de Impactos aprobado por el Consell en 2021.

La urbanización de Pinar de la Perdiz en Pilar de la Horadada fue construida hace más de cuarenta años de manera informal, pero ahora se permitirá su legalización siempre y cuando los propietarios interesados cumplan con ciertos requisitos. El equipo de gobierno del Partido Popular impulsó la aprobación de la ordenanza urbanística municipal del Plan Especial de Minimización de Impactos (PEMIT) en el pleno de este miércoles, que está respaldada por la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de la Generalitat (LOTUP) en 2019.

Una vez que la ordenanza sea aprobada definitivamente, el Ayuntamiento podrá seleccionar un «agente minimizador» que se encargará de redactar el proyecto y llevar a cabo las obras necesarias para garantizar servicios mínimos básicos en la urbanización. Los condicionantes para la legalización se basan en asegurar servicios esenciales para los residentes.

EJEMPLO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA PARA OTROS AYUNTAMIENTOS

Este proceso que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada puede servir como ejemplo para otros municipios de la Vega Baja que se encuentran en situaciones similares. Es una iniciativa que ha contado con la asesoría de la dirección general de Urbanismo de la Generalitat y que puede ser un punto de referencia para otras zonas urbanizadas en suelo rústico que carecen de servicios mínimos y necesitan regularizarse cumpliendo con los requisitos legales.

En la comarca existen numerosas zonas con urbanizaciones y viviendas aisladas fuera de ordenación en municipios como Albatera, Orihuela, Callosa de Segura, Catral o Dolores. Algunas de estas zonas, en particular las viviendas aisladas y naves, también han iniciado procesos propios de legalización.

DECRETO DE LEGALIZACIÓN 2021

La legalización de Pinar de la Perdiz en Pilar de la Horadada se basa en la normativa autonómica de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), que fue modificada en 2021 para incluir la figura de los planes de minimización y procesos de «legalización». Aunque el cambio legal es reciente, el Ayuntamiento podría haber abordado esta situación antes, ya que en el PGOU de 2000 se incluyó el residencial con la necesidad de abordar un plan. El actual equipo de gobierno del PP asegura que tuvo que intervenir para solucionar un problema que fue ignorado por el anterior gobierno socialista. Pilar de la Horadada mantiene todas sus competencias de disciplina urbanística en suelo rústico, a diferencia de la mitad de los municipios de la comarca que las han delegado en la Oficina Autonómica de Protección del Territorio.

¿Qué es la minimización de impacto territorial?

La finalidad de la minimización consiste en disminuir el impacto negativo que tienen los asentamientos residenciales en suelo no urbanizable, sobre los cuales no se pueden aplicar medidas de restauración urbanística. Este proceso puede ser aplicado en suelo no urbanizable común, así como en suelo no urbanizable protegido.

El objetivo del proceso es reducir el efecto negativo de la edificación en suelo no urbanizable sin autorización ni licencia, manteniendo las condiciones propias del entorno rural y evitando situaciones de emergencia e inseguridad para las personas y los bienes. Se logra cumpliendo con ciertos criterios, entre los que se incluye la evitación de las características propias del suelo urbanizado, el cumplimiento de la normativa y ordenanza específica del suelo no urbanizable, y la no ocupación de la superficie terrestre.

La minimización de impacto territorial (MIT) tiene como objetivo abordar los problemas ambientales y urbanísticos que plantean las viviendas construidas en suelo no urbanizable, especialmente en lo que se refiere a la prestación de los servicios de suministro de agua y depuración de aguas residuales, dado el impacto ambiental que generan. En este proceso se busca regularizar terrenos edificados sin la ejecución previa de los servicios mínimos y sin la autorización administrativa preceptiva.

Fuente: Diario Información