Una siembra de cuatro años que sí da sus frutos

El TSJ da la razón a un agricultor ilicitano y le reconoce una incapacidad laboral del cien por cien

31.05.2018 Noticia publicada en Diario Información

Desde 2014 un tribunal médico de la Seguridad Social afirma que puede trabajar con normalidad.

Tras prácticamente cuatro años de procesos administrativos y judiciales, con la oposición total del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que recurrió judicialmente en primera y segunda instancia, un agricultor de Elche ha conseguido, finalmente, un reconocimiento de incapacidad absoluta para trabajar.

Frente a lo que el equipo de valoración médica de la Dirección Provincial de Alicante del INSS decía, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad  Valenciana considera ahora que su dictamen no fue precisamente el más correcto y, en su lugar, entiende que el vecino de Elche está incapacitado para el desempeño de toda profesión, al concluirse en la sentencia que, con el estado de sus dolencias, éstas le limitan absolutamente para llevar a cabo cualquier actividad laboral con la requerida productividad.

Desde la Seguridad Social se había valorado como alteración del ritmo intestinal, dolor en las manos, y posible alteración del estado de ánimo la situación del agricultor, algo que, a juicio de este tribunal médico, no le invalidaba para el ejercicio de la actividad laboral. No obstante, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que presenta secuelas de urgencias defecatorias, con una media de siete deposiciones al día, consecuencia de una operación por cáncer colorrectal, además de padecer una enfermedad artrósica en manos y hombro, a lo que cabe unir un trastorno adaptativo con ansiedad y agorafobia, de ahí que la sala entienda que el ilicitano se encuentre totalmente invalidado para el ejercicio de toda actividad laboral.

«La sentencia demuestra lo que es una lamentable realidad a día de hoy: los procesos de incapacidad absoluta son valorados de forma incorrecta y subjetiva sistemáticamente», declara Fernando Coves Botella, letrado del agricultor, quien a su vez critica que se valore como aptas y se les dé el alta a personas que presentan graves limitaciones funcionales y orgánicas. Esto supone, recuerda a renglón seguido, el consecuente ahorro en pensiones a favor de la Seguridad Social.

Tras la primera denegación de incapacidad por parte del INSS, el agricultor recurrió y volvieron a denegársela, por lo que decidió acudir a los juzgados de lo Social, donde, en primera instancia, se le reconoció, en febrero del año 2016, una situación de incapacidad permanente total para su profesión, condenando así al INSS al pago de las prestaciones dejadas de percibir y a reconocer el derecho a recibir una pensión del 55% de su base reguladora.

Pero no contenta con la sentencia, la Seguridad Social recurrió, en este caso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al igual que hizo también el propio agricultor, quien solicitó una revisión de esta incapacidad del 55%.

Recientemente, el TSJCV ha sentenciado que la situación del afectado es una situación de grado de incapacidad permanente absoluta que «inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio». Así las cosas, el TSJCV no solo ha desestimado el recurso del INSS, sino que, además, ha condenado a la entidad gestora a abonar al afectado una pensión vitalicia y mensual no del 55% inicial, sino del 100% de la base reguladora con efectos desde finales de 2014.

«En muchos casos, como en éste, esa desestimación en vía administrativa por parte del INSS sume al trabajador en un estado de depresión, aumentado su ansiedad y tristeza por ver frustrados sus derechos en vía administrativa. Afortunadamente, la profesión de letrado permite llegar hasta donde el trabajador no puede. Y, en este caso, la lucha ha dado sus frutos», indica Fernando Coves, abogado especializado en contenciosos-administrativos, dependencia e incapacidades.

El agricultor, de 63 años, solicitó a finales de 2014 la incapacidad permanente, basándose en informesde distintos servicios médicos de la sanidad pública que avalaban sus patologías. Tras acudir a los tribunales, su defensa ha conseguido que se le reconozca una invalidez permanente en grado de incapacidad permanente absoluta y que la Seguridad Social le tenga que abonar algo más de 11.000 euros.